A poco más de veinte días del
comienzo de clases los gremios docentes esperan sentados junto al
teléfono el llamado para las negociaciones
paritarias que vienen
desarrollándose -en el ámbito nacional- desde hace unos años.
Ya trascendieron posiciones de ambos
sectores: el gobierno nacional pretende limitar los aumentos (no sólo
de los docentes) al 18%; los educadores reclaman elevar el piso de un
básico inicial a tres mil pesos (aunque en algunas provincias se
habla de 3.900) lo que implica diez puntos más que las pretenciones
oficiales.
Las cinco organizaciones con
representación nacional llevarán, en cuanto suene el teléfono (se
supone que esta semana), una posición unificada. Esta actitud les ha
dado resultados aceptables aunque muchas veces omiten comunicar que
-pasada la instancia nacional- dejan libradas a su suerte a sus
representados en las provincias (donde realmente se emplean y cobran
los maestros, recordar que Nación no tiene nómina a su cargo). En
las jurisdicciones, sin la presión mediática capitalina, con la
marcada asimetría entre los sindicatos y los poderes ejecutivos y
con posiciones, la mayoría de las veces atomizadas, la situación es
un tanto diferente.
Nuestro caso sanluiseño tiene sus
particularidades. Y aunque las negociaciones paritarias NO están
diseñadas para abordar solamente la cuestión salarial, el siguiente
comentario se centrará en el aspecto económico por ser el que
ocupará la atención en las próximas semanas, como cada inicio de
ciclo.
Durante los gobiernos de Alberto
Rodríguez Saá se produjeron dos conflictos de magnitud: uno en 2004
y otro en 2010. En ambos se comprobó un destacado compromiso de los
trabajadores. Los planes de lucha, no siempre diseñados con
sagacidad, dejó aspectos rescatables a la vez que importantes
frustraciones. Las inéditas, hasta entonces, movilizaciones de 2004
dieron por tierra con -entre otras cosas- el plan de socialización
que sacaba la actividad de los alumnos del edificio escolar un día
de la semana, todas las semanas y el reemplazo de docentes por
trabajadores no preparados para esa tarea. También, y gracias a que
consiguió un gran apoyo social, terminó con la carrera de dos
ministros y pudo reimplantar el Ministerio de Educación. El gobierno
concesionó la redacción del Estatuto Docente que está vigente
desde entonces y redactó casi en exclusiva un grupo sindical.
La contrapartida fue que la
administración dejó de liquidar los salarios por cargo y pasó a
hacerlo por agente. Mucho se ha hablado y escrito sobre esto; ya
todos saben de qué se habla cuando se habal de la eliminación del
doble cargo.
En 2010 se retomó la lucha. La
recuperación económica del País, el incremento en los
presupuestos, el repunte de los salarios del ámbito privado o
públicos pero de otras jurisdicciones, ponían en evidencia el
atraso que se arrastraba en San Luis. Los años anteriores -con las
paritarias funcionando en gran parte de la Argentina- el titular del
Ejecutivo provincial acostumbró a anunciar porcentajes de entre 10 y
19 %, sumas fijas y/o bonos fiscales para comprar computadoras.
Siempre en la apertura de sesiones del congreso sanluiseño y sin
consultar con los representantes de los involucrados.
Cinco semanas de huelga, marchas
masivas y cortes de ruta forzaron a crear una mesa de negociaciones,
que nunca el gobierno quiso llamar "paritarias", en las que
se sentaron, por primera vez, cuatro de los cinco sindicatos
docentes. Acordaron un temario de aspectos inmediatos y mediatos pero
a poco de comenzar el cronograma de reuniones uno de los gremios
participante se retiró y volvió a la lucha con doble consecuencia:
el regreso a la calle se produjo con poder de movillización bastante
menguado. Los descuentos por los días de huelga se estaban
negociando en esa mesa y la vuelta a las medidas de fuerza
invalidaron lo que allí se podía acordar. Por otra parte, quienes
se quedaron negociando, recibieron un duro golpe de legitimidad y las
sospechas de funcionalidad se consolidaron. Finalmente se acordó una
serie de aumentos escalonados que superaron la original oferta
oficial.
En este inicio de 2012 los dirigentes
sindicales son los mismos. Y, lo que es más significativo, han
entregado indicios de que actuarán de manera idéntica a como lo han
hecho hasta ahora.
El titular del ejecutivo, por otra
parte, pertenece al mismo espacio político que sus antecesores,
aunque ha manifestado que producirá los cambios que sean necesarios
para mejorar la administración. Ahora tiene la oportunidad.
Puede determinar un porcentaje de
aumento y comunicarlo en el programa de Trombetta, por El Diario o en
la apertura de sesiones tal y como lo hacía el anterior Gobernador.
O puede convocar a los representantes de los trabajadores y abrir una
agenda que aborde, además de lo salarial, otros temas que esperan
resolución y nunca encuentran su oportunidad ni lugar: modificación
del estatuto, ley de educación, régimen de titularización,
políticas de formación docente, titularización y movilidad,
funcionamiento de Juntas, Concejo de Educación, capacitación de
docentes en ejercicio, pagos por cargo y adicional por zonas,
valoración de títulos, acceso a cargos directivos y de supervisión,
transición hacia la jornada extendida de clases y un largo etcétera.
